La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información es una coalición que reúne a 23 organizaciones de 19 países de Las Américas, que promovemos el acceso a la información pública y la libertad de expresión.

Durante cerca de 15 años Honduras desarrolló una institucionalidad pública en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; sin embargo, en el último tiempo esta lucha ha sido mayoritariamente impulsada desde las organizaciones de la sociedad civil, sin que las autoridades de gobierno entreguen propuestas coherentes ni muestre interés en construir consensos en la materia.

Hemos seguido con preocupación el retroceso evidente que significa la “Ley para Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional” publicada el 9 de marzo de 2014 en el  Diario Oficial La Gaceta, sobre la cual ya nos pronunciamos el 20 de marzo del año pasado, en el sentido de poner de relieve las graves contradicciones con los estándares internacionales de acceso a la información pública.

Pese a la carta de intenciones suscrita por el Presidente Juan Orlando Hernández en octubre de 2014, que entre otros compromisos tiene como fin la búsqueda de un ambiente favorable en temas de transparencia y acceso a la información, y rendición de cuentas; la falta de voluntad en cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha permitido que se acreciente la cultura del secreto y la discrecionalidad, especialmente en las compras y contrataciones del Estado, la prestación de servicios públicos y el manejo de fondos públicos.

En esa dirección, el día 14 de julio de 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), encabezado por el Presidente de la República, decidió restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se pueden incorporar en el futuro, mediante la Resolución 069/2014, emitida y clasificada también, como secreta. La reserva fue declarada con base en la referida Ley de Clasificación. El CONADESE dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.

Vemos con gran inquietud la adopción reiterada de políticas contrarias a la transparencia, que afectan severamente el ejercicio democrático. La amplia discrecionalidad de la Ley y la Resolución 069 hace que prácticamente toda la información relacionada  con alguna arista de seguridad y defensa sea eventualmente secreta, aunque ésta muchas veces no se relacione directa o indirectamente al espíritu que busca la reserva de información en las legislaciones avanzadas. Esta discrecionalidad ha sido confirmada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha puesto en relieve que esta regulación sirve para clasificar como “ultra secreto” cualquier información que involucre un funcionario público, sirviendo así para encubrir casos de corrupción.

Tanto la Ley de Secretos Oficiales como la Resolución 069 violan los estándares internacionales en la materia, limitando seriamente la libertad de expresión y el derecho a la información. Los estándares internacionales exigen se respete el principio de máxima divulgación, que exige que toda información en poder del Estado es en principio pública. Todos estos estándares han sido recogidos en todas las legislaciones modernas de la región. Aun cuando las excepciones a la divulgación de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información de la OEA de 2011 contempla la seguridad pública y la defensa nacional, se debe basar en que haya un riesgo claro, probable y específico. De igual manera contempla que las autoridades no podrán ampararse en las excepciones a menos queel daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información lo que deberá ser probado por la autoridad, requisitos que ciertamente no cumple la Ley ni la Resolución 069.

La Ley Modelo contempla el principio legalidad del régimen de excepciones, en base al cual las excepciones deben ser consagradas por una ley, y no por un instrumento de menor jerarquía como una resolución. Esto se reafirma por su guía de implementación, al indicar que la ley sobre acceso a la información tendrá preeminencia sobre otras leyes que creen excepciones. Es así que la Resolución 069 no cumple con el parámetro mínimo de crear excepciones mediante una ley.

La interpretación discrecional de la autoridad, la ausencia de un régimen claro de excepciones consagradas por un instrumento de menor jerarquía, coarta severamente el acceso de los ciudadanos a tener acceso a la información pública para entre otros cosas, ejercer control social sobre los actos públicos y así también su derecho humano fundamental de acceder a la información.

Ante tal situación en Honduras, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, acompañando a nuestros miembros locales, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), hacen un llamado al gobierno de Honduras para que adopte todas las medidas conducentes a respetar los estándares internacionales y el derecho humano de acceso a la información pública, vulnerado por la Ley de Secretos Oficiales y la Resolución 069.

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Las organizaciones firmantes:

• Acción Ciudadana – Guatemala
• Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
• Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
• Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
• Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) – Uruguay
• Comité por la Libre Expresión (C-Libre) –Honduras
• Espacio Público – Venezuela
• Fudación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador
• Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) – Honduras
• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
• Fundación Pro Acceso – Chile
• Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
• Fundamedios – Ecuador
• FUNDAR Centro de Análisis e Investigación – México
• Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
• Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
• Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú
• Transparencia por Colombia – Colombia
• Transparencia Venezuela – Venezuela

Secretaría Ejecutiva
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información