Acceso a la Información Pública
Desafíos y restricciones de las normativas y el ejercicio
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que permite a la ciudadanía acceder a los registros, las estadísticas, las decisiones, y otros asuntos que posee, genera y toma el Estado. Para ejercerlo es necesario que todo órgano, agencia, u entidad que toma decisiones y gestiona fondos públicos responda las consultas que recibe, y publique en forma proactiva, información relevante, veraz, completa, actualizada, clara, en formatos abiertos y digitales.
La situación en nuestra región es disímil. Por un lado, pocos países carecen de leyes de acceso a la información (entre otros, Cuba, Bolivia y Venezuela). Pero por el otro, las normas existentes presentan un cumplimiento irregular y retrocesos significativos por decisiones que las ignoran o restringen, atentando contra la independencia de sus órganos garante y otros aspectos que impactan en el goce efectivo de este derecho (que, además, se conoce y usa en forma limitada).
Resulta urgente, entonces, el impulso de normativas adecuadas a los estándares internacionales y, a su vez, la evaluación, el monitoreo, y análisis de los desafíos que enfrenta la implementación de las leyes existentes para el pleno ejercicio del derecho que allí reconocen.
Sistemas de justicia y electorales
Los análisis sobre las garantías del acceso a la información pública suelen hacer foco en la respuesta estatal del Poder Ejecutivo. Poco se observan otros Poderes como el Judicial, el cual también se encuentra obligado a publicar información y responder consultas sobre su quehacer, además del rol que tiene ante reclamos por la imposibilidad de ejercer este derecho humano fundamental de las personas ante cualquier agencia u organismo público. #EsJustoSaber
Asimismo, los procesos electorales en la región enfrentan grandes desafíos en materia de transparencia, rendición de cuentas, y control de los grandes jugadores: acceso a declaraciones juradas, origen del financiamiento y donantes, recepción y uso de fondos públicos, etc.
Transparencia y corrupción
Cuando se ejerce el derecho de acceso a la información y se promueve la transparencia, se establece un entorno que dificulta el desarrollo de la corrupción, al reducir las condiciones de secreto que favorecen el desvío de decisiones, la malversación de fondos y la impunidad, a la par que se fortalecen las instituciones y su rendición de cuentas ante su ciudadanía.
En este contexto los órganos garantes, y las instancias administrativas y judiciales de control y apelación cumplen un rol clave en el amparo de este derecho. Cuando la ciudadanía puede acceder a la información sobre el uso de los recursos públicos y las decisiones de los funcionarios, se reduce la opacidad que se requiere para realizar desvíos.
Pandemia Covid - 19
Desde el comienzo de la pandemia COVID-19 alertamos sobre los riesgos que advertimos en las limitaciones de la transparencia activa y el acceso a la información pública, elementos clave para que la ciudadanía de la región pudiera comprender su contexto en el marco de la emergencia, y monitorear la gestión gubernamental.
En un escenario tan excepcional como lo fue la pandemia, la elaboración y difusión de información oportuna y accesible podía salvar vidas. Por eso, analizamos la situación en la región e insistimos en la necesidad de proteger los avances alcanzados en la última década, evitar que aumenten o se sostengan los retrocesos, y enfrentar las medidas de algunos gobiernos contra la transparencia y la participación ciudadana.