El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que permite a la ciudadanía acceder a los registros, las estadísticas, las decisiones, y otros asuntos que posee, genera y toma el Estado. Para ejercerlo es necesario que todo órgano, agencia, u entidad que toma decisiones y gestiona fondos públicos responda las consultas que recibe, y publique en forma proactiva, información relevante, veraz, completa, actualizada, clara, en formatos abiertos y digitales.

La situación en nuestra región es disímil. Por un lado, pocos países carecen de leyes de acceso a la información (entre otros, Cuba, Bolivia y Venezuela). Pero por el otro, las normas existentes presentan un cumplimiento irregular y retrocesos significativos por decisiones que las ignoran o restringen, atentando contra la independencia de sus órganos garante y otros aspectos que impactan en el goce efectivo de este derecho (que, además, se conoce y usa en forma limitada).

Resulta urgente, entonces, el impulso de normativas adecuadas a los estándares internacionales y, a su vez, la evaluación, el monitoreo, y análisis de los desafíos que enfrenta la implementación de las leyes existentes para el pleno ejercicio del derecho que allí reconocen.