Argentina: Condenamos el alarmante cierre del espacio cívico

(ENGLISH BELLOW)

Las redes regionales defensoras de la libertad de expresión y prensa Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, IFEX-ALC y Red Voces del Sur expresamos nuestra preocupación por el cierre del espacio cívico en Argentina, como consecuencia del avasallamiento sobre la libertad de información, expresión, prensa, manifestación y reunión pacífica impulsado desde el Poder Ejecutivo. Las redes firmantes exigimos al gobierno de Argentina la liberación de las personas detenidas de forma arbitraria mientras ejercían su derecho a la manifestación, la derogación del protocolo aprobado a través de la Resolución 943/2023, y la eliminación de todos los mecanismos e instrumentos que impiden el trabajo de los periodistas. Reclamamos que se garantice y proteja el funcionamiento del espacio cívico en Argentina.  

El derecho de manifestación, amenazado

Pocos días después de su asunción al poder en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei, junto con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impuso a través de la Resolución 943/2023 el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de comunicación”, que determina como delito en flagrancia cualquier manifestación pública que implique cortes de calles o rutas, y autoriza a las fuerzas policiales y de seguridad a desalojar o dispersar la protesta sin orden judicial. 

Desde su puesta en marcha, la norma ha habilitado la criminalización, persecución y estigmatización de manifestantes, activistas, líderes políticos y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como la represión policial desmedida y detenciones arbitrarias en las movilizaciones sociales opositoras a las políticas del gobierno.

Ante la ausencia de datos oficiales, las organizaciones de la sociedad civil que registran las represiones durante las protestas identificaron, entre enero y junio de 2024: 

• 80 personas detenidas arbitrariamente en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
• 665 personas con heridas de diferente gravedad; dos de ellas perdieron la vista debido al impacto de balas de goma.
• 47 trabajadores/as de la prensa heridos/as.

Uno de los casos más ilustrativos de los efectos del mencionado protocolo para la libertad de expresión, manifestación y reunión tuvo lugar el pasado miércoles 12 de junio, mientras el Senado discutía un proyecto de ley clave, la Ley Bases, impulsado por el gobierno de Milei. Las personas opositoras a la ley que se manifestaban a las afueras del Congreso mientras la reunión del Senado tenía lugar fueron reprimidas por las fuerzas policiales y de seguridad con gases lacrimógenos y balas de goma. Si bien durante la manifestación hubo episodios aislados violentos, el uso de la fuerza policial fue desproporcionado.

Durante la manifestación, 33 personas fueron detenidas de forma arbitraria, acusadas de tentativa de intento de golpe de Estado y terrorismo, y conducidas a dependencias penitenciarias comunes. La jueza María Servini, encargada del caso, criticó las acciones policiales y acusó a las fuerzas de seguridad de haberle entregado información incompleta de las personas apresadas. Como resultado, Servini dictó la falta de mérito para 28 de ellas, que fueron liberadas, mientras que otras cinco fueron procesadas, con prisión preventiva y detenidas en cárceles federales.

Casi un mes después, la mayoría de las personas detenidas han sido liberadas por falta de mérito, pero cuatro aún permanecen encarceladas sin pruebas que las vinculen con los hechos violentos y aislados que efectivamente fueron cometidos ese día. En línea con el planteo de la justicia local, y en atención al caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría especial para la libertad de expresión advirtieron al Estado Argentino que se abstenga de criminalizar la protesta y garantice el derecho a la libre expresión. No obstante, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), representantes del gobierno nacional insistieron en que las detenciones no habían sido arbitrarias.

Represión de voces disidentes y periodistas

Además de estos casos de amedrentamiento y represión física, desde el Gobierno se llevan a cabo otros procesos que procuran criminalizar y deslegitimar a prácticamente cualquier tipo de movilización social organizada o crítica realizada por referentes, organizaciones, comunicadores/as, activistas y periodistas. Tal y como han denunciado organizaciones locales e internacionales, mediante mensajes en redes sociales, el Presidente y altos funcionarios buscan desacreditar a quienes se expresan de forma crítica y convertirles en interlocutores no válidos para la discusión, denigrando así su categoría y el trabajo público realizado a lo largo de años. Esta situación se traduce en que para las personas con voz pública mantener una opinión independiente y crítica al gobierno implica un elevado costo en términos de exposición, señalamiento y daño reputacional. 

Nos preocupan de igual manera los recientes intentos de regular el ejercicio del periodismo. Ejemplo de ello es el cierre de la agencia pública de noticias Télam, la única federal del país, reduciendo así la pluralidad de voces y limitando el acceso ciudadano a información. También nos alarma el intento de reimplantar la matriculación obligatoria de periodistas por parte del Ministerio de Capital Humano, una medida obsoleta y en desuso, considerada desde 1985 por la CIDH como una restricción ilegítima al derecho a la libertad de expresión.

Todas estas prácticas, debilitan y limitan el espacio cívico, degradando la calidad de la democracia, como ha sucedido en otros países de la región. La libre expresión de opiniones disidentes y los reclamos pacíficos frente a políticas del Estado son derechos humanos legítimos y fundamentales. Una prensa independiente y crítica es fundamental para la vigencia de las demás libertades en un estado de derecho. Las acusaciones injustificadas por parte de autoridades, en un marco de clara asimetría de poder, tiene efectos silenciadores que socavan la calidad de la conversación pública. Es imperativo que la libertad de prensa siga siendo absoluta en contextos de convulsión social. El ejercicio del periodismo y el bienestar físico y mental de las y los trabajadores de los medios de comunicación deben ser respetados por el gobierno.  

Argentina: We Condemn the Alarming Closure of Civic Space

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, IFEX-ALC and Red Voces del Sur– three regional networks defending freedom of expression and press freedom– express our concern over the closure of civic space in Argentina as a consequence of the subjugation of freedom of information, expression, press, demonstration and peaceful assembly promoted by the current administration. We demand that the government of Argentina release all individuals arbitrarily detained while exercising their right to demonstrate; repeal the protocol approved through Resolution 943/2023; and eliminate all mechanisms and instruments that impede the work of journalists. We demand that the functioning of civic space in Argentina be guaranteed and protected.  

The right to protest is threatened

After assuming power in December 2023, President Javier Milei and Minister of Security Patricia Bullrich issued Resolution 943/2023: «Protocol for the maintenance of public order in the face of roadway blockages.” The protocol establishes that demonstrations that block streets or routes are considered in flagrante delicto crimes, and authorizes the police and security forces to evict or disperse protestors without court order. 

Since its implementation, the law has enabled the criminalization, persecution, and stigmatization of an array of civic actors, including demonstrators; activists; political leaders; and political, social and trade union organizations. It has also legalized excessive use of force by the police and resulted in dozens of arbitrary arrests in anti-government social mobilizations.

In the absence of official data, civil society organizations have monitored police repression during protests between January and June and identified: 

• 80 individuals arbitrarily detained in Buenos Aires City, Córdoba and Rosario
• 665 individuals with injuries of varying severity; two of them lost their sight due to the impact of rubber bullets
• 47 injured press workers

On Wednesday, June 12, an illustrative case of the negative effects of the protocol took place while the Senate was discussing a key bill (Ley de Bases) proposed by the Milei government. Opponents of the law who were demonstrating outside Congress while the Senate debated the bill were repressed by police and security forces with tear gas and rubber bullets. While there were isolated violent episodes during the demonstration, the overall use of force by the police was disproportionate.

During the demonstration, 33 people were arbitrarily detained, accused of attempted coup d’état and terrorism, and taken to jail. Judge María Servini, who oversaw the case, criticized the police actions and accused the security forces of having given her incomplete information on the detentions. As a result, Servini ruled that 28 of the arrests lacked merit and must be released, while the remaining five were charged and remanded to custody in federal prisons.

Almost a month later, four protestors remain in jail even though there is no clear evidence linking them to the violent and isolated acts that occurred that day. The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and its Special Rapporteurship for Freedom of Expression warned the government to refrain from criminalizing protest and to guarantee the right to free expression. However, representatives of the Argentine government insisted that the arrests had not been arbitrary, citing the framework of the Human Rights Council of the United Nations (UN).

Repression of dissident voices and journalists

In addition to the cases of intimidation and physical repression against protestors, the Milei administration has sought to criminalize and delegitimize organized, anti-government social mobilizations carried out by community leaders, civil society organizations, communicators, activists, and journalists. While  local and international organizations have denounced these acts on social media, the President and senior officials have continued attempts to discredit anyone who objects to government policies, aiming to discredit their critical role in society. This has led to a situation in which those speaking out publicly have faced high costs in terms of exposure, finger-pointing, and reputational damage. 

We are equally concerned about recent attempts to repress the practice of journalism. Since Milei stepped into power, he has closed the public news agency, Télam, which was the only federal news agency in the country. This dramatically reduced the plurality of journalism and limited citizens’ access to information. We are also alarmed by the Ministry of Human Capital’s attempt at reintroducing the compulsory registration of journalists. This is an obsolete measure, which has been considered an illegitimate restriction on the right to freedom of expression by the IACHR since 1985. 

All of these practices weaken and limit civic space and degrade the quality of democracy, as observed in other countries across the region. The free expression of dissenting opinions and the right to peaceful protests against state policies are legitimate and fundamental human rights. An independent and critical press is essential for the protection of other freedoms in any lawful society. Unwarranted accusations by authorities– especially given the imbalance of power– have silencing effects that undermine the quality of public discourse. It is imperative that freedom of the press remains absolute in contexts of social upheaval. The exercise of journalism and the physical and mental well-being of media workers must be respected by the government at all times.