Artículo XIII: Internet, Libertad de Expresión y Espacio Cívico en América Latina

“El panorama para el disfrute de las libertades civiles y políticas resulta poco alentador en América Latina frente a las restricciones que impiden la consolidación de instituciones democráticas e incluyentes”, señaló la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en su más reciente informe de la serie Artículo XIII, publicado este 3 de mayo. 

El texto reseña que en 2020 fueron registradas represalias contra el discurso crítico, nuevas leyes para obstaculizar la libre asociación, se perfeccionaron esquemas de censura digital y persistieron las respuestas punitivas de los Estados para “combatir” la desinformación. 

El informe se enfocó, principalmente, en lo registrado durante 2020 en 14 países de América Latina y en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Los datos fueron recolectados a partir de un cuestionario contestado por organizaciones miembros de la Alianza en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

“No es gratuito que los episodios críticos nacionales en América Latina incluyan severas restricciones a la libertad de información, en particular para silenciar los problemas, evitar exponer a las personas responsables de aquellos y evadir las sanciones correspondientes”, advirtió la Alianza Regional. 

Según el estudio, en 10 de los 14 países consultados se registró la suspensión de garantías constitucionales, de forma parcial o extendida, siendo las más comunes: la libertad de movimiento, de reunión o protesta pacífica; la suspensión, de manera expresa, de la libertad de expresión e información en Honduras; restricciones injustificadas en materia de libertad de información y la paralización o modificación de procesos de solicitud de información en, al menos, 10 de los países estudiados. 

Además, en Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela se registraron esquemas de seguimiento, vigilancia o ciberpatrullaje hacia sectores críticos de las gestiones gubernamentales, como periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, personal médico y líderes sociales. 

“La mayoría de las organizaciones en los países consultados valoran negativamente las prácticas del Estado frente a los esquemas de censura ya que son los gobiernos, de forma directa, indirecta o por omisión frente a las acciones de terceros, quienes validan o ejercen acciones que promueven las restricciones”, destaca el informe.

En 7 países se aprobaron leyes restrictivas con implicaciones en materia de libertad de expresión e información durante 2020, en las que se abordaron temas o justificaciones como la seguridad nacional, regulaciones sobre desinformación o informaciones falsas, delitos de vilipendio y desacato y normativas sobre el uso de datos personales.

En 12 países se identificaron prácticas de seguimiento, persecución o intimidación hacia quienes se manifestaron de forma presencial o virtual a partir de actividades de vigilancia, acoso en línea, ciberpatrullaje, ataques a cuentas en redes, y en menor medida, intervención de comunicaciones, uso del reconocimiento facial y represión física. 

La Alianza Regional concluye alertando que en la región persisten las tendencias que criminalizan la expresión y se aplican estándares regresivos que penalizan la opinión o la difusión de información. También existe una tendencia a utilizar los derechos de propiedad intelectual para establecer censura a medios, organizaciones y personas, especialmente en casos relacionados con denuncia de corrupción o escrutinio de asuntos relativos a la gestión gubernamental.

“La pandemia se constituyó en un argumento para que la mayoría de los gobiernos impulsarán iniciativas restrictivas en el espacio cívico, especialmente en lo relacionado con el derecho a la asamblea pacífica, el acceso a la información pública, la libre circulación de la información y por tanto con serias consecuencias para la participación de las personas en los asuntos públicos”. 

Como última reflexión, el informe alerta que la prevalencia de las tendencias autoritarias, sumada al aumento del uso de las plataformas de internet y la pandemia, constituyeron una amenaza para el desarrollo progresivo de los derechos civiles y la institucionalidad democrática.