Normas restrictivas a la libertad de expresión en El Salvador
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expresa su preocupación por la aprobación de reformas a leyes penales en El Salvador, contrarias a los convenios y estándares internacionales que protegen la libertad de expresión, libertad de prensa y el periodismo de investigación.
Resulta especialmente preocupante la prohibición penal general de difusión de información relacionada con “el accionar de grupos delincuenciales”, que constituye una verdadera censura para la libertad de expresión y de prensa, basada en conceptos imprecisos y ambiguos, incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión, y con los requisitos de claridad jurídica que exigen el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 13)
Esta ambigüedad normativa genera temor a sufrir un proceso penal infundado, impulsando un efecto de censura indirecta, paralizador de la libre circulación de información e ideas en El Salvador. En este sentido, la Alianza Regional reitera su rechazo a la utilización de mecanismos penales para restringir indebidamente la libertad de expresión, por sus efectos amedrentadores, acalladores e inhibidores sobre asuntos de interés nacional.
Esta regulación se suma a la advertencia que anteriormente realizamos respecto de acciones autoritarias impulsadas por parte del Gobierno, que avanzan en una creciente reducción del espacio cívico salvadoreño.
Reiteramos, entonces, nuestro llamado a Pedro Vaca, titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, e Irene Khan a cargo de la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la ONU a seguir con atención los retrocesos y amenazas que se observan en relación con estas libertades en El Salvador. Y convocamos a Tania Reneaum Panszi, Secretaria General de la CIDH, su Comisionada Julissa Mantilla, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a dar seguimiento y advertir a las autoridades sobre la necesidad urgente de revertir las restricciones crecientes sobre el espacio cívico local.
Asimismo instamos a las autoridades del Estado de El Salvador para que modifiquen la citada normativa y, en cambio, promueva medidas para respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, exhortamos a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada a que continúen velando por tales derechos.
