Con la eliminación del INAI en México, se genera un gran retroceso en materia de transparencia y mal ejemplo para la región
Desde la Alianza Regional por la Liberada de Expresión reprobamos la decisión del legislativo mexicano de eliminar al organismo garante de transparencia. La creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en México, como organismo autónomo constitucional, representó un importante avance para el país en el proceso de democratización y fue referente para la región latinoamericana.
El impulso de órganos vigilantes en materia de acceso a la información ha sido un esfuerzo regional, por años, de las organizaciones civiles y de los organismos internacionales de derechos humanos con el fin de lograr la mejor aplicación y garantía de este derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su informe de relatoría sobre entidades especializadas para acceso a la información pública en las Américas, de 2015 que, la satisfacción efectiva del derecho a la información depende de la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública y de revisar las respuestas negativas de la administración. Asimismo, en 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoció que “los países que cuentan con un organismo de control especializado de acceso a la información tienen mejores resultados que aquellos que no lo tienen”.
La decisión del legislativo mexicano de eliminar al INAI representa un retroceso en la garantía del derecho al acceso a la información pues la transferencia de funciones a una secretaría de estado, que pertenece al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, puede propiciar que las instituciones que pertenecen también a este poder, al tener la misma jerarquía o incluso inferior al de otras dependencias y personas funcionarias, hagan caso omiso de las directrices que ésta instruya además de que dicha Secretaría no cuenta con especialidad en materia de transparencia y acceso a la información. Lo cual tendrá impacto en la calidad de entrega de información.
Este retroceso no solo compromete el derecho a la información en México, sino que también pone en riesgo los altos estándares alcanzados en la materia en otros países. México, de ser un referente a nivel internacional desde hace 20 años, pues cumplía con los estándares establecidos en la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información pública de contar con un órgano garante autónomo del poder ejecutivo, pasará a ser uno de los que peores condiciones ofrezca para ejercer el derecho a saber al no contar siquiera con un órgano especializado en la materia. Esta situación podría influir negativamente en otros países de la región, que podrían implementar medidas similares o adoptar malas prácticas, debilitando la autonomía técnica y la jerarquía de las estructuras encargadas de esta labor.
Llamamos al Estado mexicano a evitar más retrocesos en el proceso de reglamentación de la ley y transferencia de funciones de transparencia a una secretaría del ejecutivo, y pedimos respeto y apego al cumplimiento a las obligaciones internacionales creados en la materia así como también las garantías para la participación de un amplio espectro de actores de la sociedad civil en la reglamentaria.
