Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública: Un llamado de alerta ante los retrocesos en la región

América Latina y el Caribe enfrentan algunos de los mayores retos en materia de derechos humanos en décadas. Tal como expresaron días atrás en un comunicado conjunto de organismos internacionales y regionales en una Declaración Conjunta en el marco del Día Internacional de la Democracia, estamos presenciando serios retrocesos en la región a partir de la implementación de medidas que amenazan el ejercicio efectivo de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, en compañía del incremento de una retórica anti-derechos, promovida en gran parte por la proliferación de discursos oficiales violentos hacia opiniones críticas y disidentes. 

En ese marco, y en el Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública, queremos alertar sobre las graves amenazas que pesan sobre el ejercicio de este derecho fundamental. En los últimos tiempos, varios países de la región han sancionado normas o implementado políticas restrictivas y que ponen en serio riesgo su vigencia, debilitando la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la posibilidad de acceder a información relevante en manos del Estado, pilares fundamentales para el funcionamiento de las democracias. 

Algunos de los casos más relevantes:

Argentina
Recientemente, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 780/2024 que reglamenta la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública introduciendo excepciones que limitan seriamente la posibilidad de acceder a la información estatal. Entre ellas destacamos: la incorporación de la figura de «mala fe y abuso del derecho» para las personas solicitantes, sin criterios claros para determinar cuándo se configura dicho abuso; la habilitación a negar información si su divulgación pudiera “causar daños”, en contradicción con la Ley local y los estándares internacionales; la creación de la categoría de “datos de naturaleza privada” sin una definición precisa; la eliminación de la obligación de entregar información con datos personales cuando “el interés público prevalezca sobre el daño potencial”.

Colombia
En este país existe una Ley de acceso a la información pública desde 2014, en línea con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo organizaciones de la sociedad civil han advertido recientemente que varios de los principios contenidos en la normativa, en la práctica se desconocen de forma flagrante y reiterada: garantías como el test de daño establecidas en la Ley no se están aplicando, y el régimen de excepciones se ha venido ampliando sin suficiente justificación. Además, entidades estatales y privadas están utilizando nuevas interpretaciones para negar el acceso a la información, basándose, por ejemplo, la reserva de información tributaria y estadística, y resoluciones que restringen la publicación de  declaraciones de bienes de funcionarios públicos. Preocupa, finalmente, el acceso limitado a información ambiental en manos de privados, a pesar de llamados internacionales para mayor transparencia.

Cuba
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó  una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública completamente alejada de los estándares internacionales en la materia. Entre otras malas prácticas, la norma presenta un concepto de «información pública» sumamente restrictivo y sesgado, con serios límites a la publicación proactiva y establece un régimen de excepciones amplio y discrecional. Además los sujetos obligados no alcanzan a los sistemas judicial y legislativo. Asimismo, no contempla la creación de un órgano garante autónomo e independiente, y excluye explícitamente a periodistas y medios de comunicación de su marco legal.

El Salvador

El debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y la implementación de prácticas que limitan la transparencia y la divulgación de información estatal impactaron fuertemente en el ejercicio del acceso a la información pública. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló el uso excesivo de la figura de reserva como un obstáculo para el acceso a información, al tiempo de que en la Asamblea Legislativa se discuten propuestas de ley que restringen aún más este derecho. En este contexto, durante el régimen de excepción, no fue posible obtener información oficial sobre detenciones y procesos judiciales, entre otros,  lo que genera preocupaciones sobre la transparencia en la gestión pública.

Guatemala
Debido a la sucesión de gobiernos caracterizados por altos niveles de opacidad y corrupción, el acceso a la información pública ha sido considerablemente debilitado. El órgano garante de este derecho ha perdido protagonismo como consecuencia de su falta de independencia y sometimiento a presiones externas. Sin embargo, la asunción de un nuevo gobierno en enero de 2024 detuvo esta tendencia de deterioro, renovando el compromiso con una agenda orientada hacia una mayor apertura y transparencia.

México
La iniciativa presidencial para eliminar órganos autónomos en México amenaza, entre otros, la protección del derecho de acceso a la información pública y sus mecanismos de control. De aprobarse, la normativa establece el traslado de las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) a distintas dependencias y órganos de gobierno, perdiéndose así la autonomía que los estándares internacionales reclaman para los órganos garantes. Ello resultaría en un retroceso sumamente grave a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales construidos a lo largo de los últimos 20 años en el país. 

Nicaragua
A 17 años de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, su implementación presenta un marcado retroceso. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), que en su momento fueron establecidas en diversas dependencias estatales, han sido desmanteladas o convertidas en órganos de propaganda gubernamental. A su vez, con la reforma a la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042), el gobierno ha endurecido el control sobre la ciudadanía, criminalizando la actividad en redes sociales y sancionando la posesión de dispositivos electrónicos que puedan utilizarse para la difusión de lo que denomina «información falsa». Asimismo, ningún funcionario/a estatal ofrece conferencias de prensa, ni se permite que periodistas o la ciudadanía demande información sobre la gestión pública.

Finalmente, advertimos que varias de las restricciones que tienen lugar en la región, se excusan en  la situación de inseguridad que deben atender. Desde la Alianza Regional, no admitimos este como un argumento válido que justifique retrocesos. Para sostener las bases de nuestras democracias, es imprescindible mantener la energía y el trabajo que desde la sociedad civil llevamos adelante en el reclamo de un acceso pleno y efectivo a la información pública, un derecho fundamental para ejercer otros derechos y para el control ciudadano sobre las acciones del Estado.