Eliminar órganos constitucionales autónomos: un retroceso para los controles democráticos y la garantía de los derechos humanos en México

México, 15 de agosto de 2024.- El día de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene programada la sesión para analizar y, en su caso, aprobar la iniciativa presidencial que busca eliminar varios órganos constitucionales autónomos.

Esto es sumamente grave pues su eliminación debilitaría los controles y contrapesos democráticos y pondría en riesgo la efectividad de los derechos humanos que tutelan estas instituciones, como el derecho a la información.

Como hemos alertado, la acelerada discusión del dictamen es preocupante pues no ha existido oportunidad de analizar a fondo las implicaciones de las reformas para la garantía de los derechos humanos de las personas, así como la relevancia de preservar su autonomía en funciones que requieren ser separadas del poder ejecutivo, a fin de evitar que éste sea juez y parte, y conservar su especialidad para evitar transgresiones a los derechos humanos. De aprobarse, se abandonaría la posibilidad de construir alternativas que fortalezcan un andamiaje legal e institucional desde un enfoque progresista de las obligaciones del Estado mexicano.

Por ejemplo, el hecho de trasladar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) a distintas dependencias y órganos de gobierno es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato. En este sentido, hay que recordar que fue la misma ciudadanía la que impulsó la existencia de un ente de vigilancia autónomo en la materia, lo cual cobra cada vez más relevancia ante la práctica de las distintas entidades de gobierno de no entregar la información pública o declararla como reservada, para lo cual el INAI funge como un ente a favor de las personas al garantizar que las autoridades no oculten información de forma discrecional.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido la importancia de que exista en el orden normativo una institución garante que cuente con independencia, tanto financiera como política, para centralizar y canalizar las solicitudes de información, a fin de que pueda proteger mejor el derecho y centralizar los esfuerzos por recabar la información pública.

Asimismo, es primordial mencionar que la desaparición de otros organismos autónomos y entes reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social también representaría un retroceso significativo, toda vez que fueron creados para contar con instancias especializadas en sus respectivas áreas, independientes del poder político de los gobiernos en turno, para garantizar el cumplimiento de estas funciones de manera objetiva.

La imparcialidad de estos órganos, al no depender de la voluntad política en sus decisiones ni en su presupuesto, protege una supervisión justa y técnica en sectores clave para el desarrollo y bienestar del país. Su eliminación comprometería la transparencia, la calidad de los bienes y servicios públicos y la protección de los derechos fundamentales, así como la mejora constante de políticas públicas en beneficio de quienes más lo necesitan.

El nuevo andamiaje debe ser resultado de un proceso amplio, incluyente y plural de deliberación que establezca mecanismos de diálogo y de participación ciudadana efectivos, bajo la convicción de la mayor protección a los derechos humanos del pueblo de México. Por todo lo anterior, quienes aquí firmamos exigimos al Congreso de la Unión que garantice el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado; que preserve la autonomía de los organismos reguladores y garantes de derechos fundamentales a partir de procesos de designación rigurosos y objetivos, y que haga un análisis exhaustivo y genuino sobre las implicaciones de las iniciativas propuestas.