Libertad de Expresión

Las redes sociales se han convertido en un espacio privilegiado para el intercambio de ideas, funcionando como una suerte de plaza pública en la que se discuten temas que nos competen a todos y todas. Esto genera nuevos desafíos para el ejercicio pleno del derecho a la libre expresión. 

Tanto la acción de los Estados, como la de actores privados ha derivado en casos de censura y otras formas de cercenamiento de la libre expresión en entornos digitales. La calidad de las interacciones, la desinformación, la vigilancia masiva de expresiones ciudadanas en línea por parte de los gobiernos, o la regulación privada de contenidos en plataformas, son algunas de las discusiones más trascendentes.

Entendemos por espacio cívico un contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y cultural de nuestras sociedades. Permite que las personas y los grupos contribuyan en la elaboración de políticas que afectan sus vidas, al facilitarles entre otras posibilidades: acceder a la información, manifestar apoyos, disidencias o desacuerdos, y unirse para expresar sus opiniones.

En los últimos años varios países de América Latina y el Caribe han sido epicentro de tendencias de descrédito hacia la sociedad civil, los gobiernos impulsaron iniciativas que criminalizan grupos dedicados al ejercicio, promoción y defensa de los derechos humanos, así como resoluciones que limitan el ejercicio del derecho a la protesta o asociación. Esto implica un recorte creciente del espacio cívico, que resquebraja la calidad del sistema democrático.

Los medios de comunicación y quienes colaboran en ellos transmiten información y opiniones sobre asuntos de interés general, que el público tiene derecho a recibir y valorar de manera autónoma. La jurisprudencia internacional afirma que la existencia de medios libres, independientes, vigorosos, pluralistas y diversos, son esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Por eso es necesario que los Estados impulsen y garanticen el pluralismo informativo.

La censura hacia periodistas, el control de sus discursos, la violencia de género en línea contra comunicadoras, el otorgamiento discrecional de licencias, los procedimientos contra medios basados en motivaciones políticas y su posterior cierre, son algunos de los desafíos que enfrenta actualmente la región.