COVID 19 | Pronunciamiento de redes de organizaciones de la sociedad civil
La pandemia del coronavirus trajo aparejado desafíos sin precedentes. El escenario en América Latina y el Caribe es crítico: nuestras instituciones públicas deben dar respuestas integrales, efectivas e inclusivas, pensando particularmente en la manera de asistir y cuidar a las comunidades históricamente marginadas, quienes son aún más vulnerables en este contexto.
A seis semanas de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al COVID-19 como pandemia, los Estados de América Latina y el Caribe han tomado cientos de medidas para atender la urgencia en salud pública y disminuir los efectos económicos recesivos de un confinamiento social nunca tan prolongado. En muchos casos, la emergencia no viene acompañada de procesos de toma de decisión abiertos y transparentes. Vemos con preocupación el hecho de que algunos gobiernos no difundan proactivamente información oportuna y útil o lo hagan de manera deficiente o en formatos cerrados, la proliferación de medidas trascendentales que no aparecen en boletines oficiales, riesgos de corrupción por irregularidades en compras y contrataciones. Más grave aún, libertades civiles han sido restringidas, tales como el derecho de acceso a la información pública, el respeto a la privacidad, y la deficiencia en el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos en la toma de decisión de primera importancia (por la imposibilidad o tardanza de Poderes Legislativos en constituirse, Poderes Judiciales cerrados, organismos de control paralizados). Para garantizar el fortalecimiento de las instituciones en la región y la implementación efectiva y transparente de las políticas públicas en este contexto, también es fundamental contar con una Sociedad Civil activa, que tenga las herramientas e información para ejercer su función de monitoreo.
En las últimas semanas distintas organizaciones de la sociedad civil (OSC)latinoamericanas, que trabajamos en el marco de diferentes redes en diversas agendas, comenzamos a tener conversaciones. Desde puntos diversos del continente, nos reunimos distintas organizaciones vinculadas al fortalecimiento democrático, el acceso a la información pública, la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas, la justicia, los derechos humanos, la libertad de expresión, el ambiente y los recursos naturales, entre tantas otras agendas. Esas conversaciones se multiplicaron y convergieron en una propuesta: desarrollar respuestas más orgánicas que nos permitan, a través del trabajo colaborativo y en una red de redes, pensar en conjunto cómo afrontar la crisis actual, y el lugar que podemos ocupar desde la sociedad civil en el monitoreo de políticas públicas y las necesidades, propuestas y aportes que podemos acercar a las personas tomadoras de decisión.
Nos pronunciamos sobre algunos puntos que, creemos, serán críticos y sobre los cuales los gobiernos latinoamericanos y del Caribe deben avanzar con toda la celeridad posible para garantizar políticas públicas de calidad, que den respuesta a la crisis:
- Transparencia y rendición de cuentas de instituciones (incluyendo compras y contrataciones abiertas, acceso a la información, ejecución presupuestaria, fortalecimiento y puesta en marcha efectiva de los Poderes Legislativos y
Judiciales, y respeto al principio de separación de poderes); - Garantizar los derechos humanos y las libertades cívicas a la población en su conjunto, así como el respeto al Estado de derecho;
- Atención a las poblaciones discriminadas por su identidad de género, su etnia, su condición socioeconómica, etc;
- Acceso a la salud en igualdad de oportunidades (disponibilización de la información faltante, fortalecimiento de los sistemas de salud, con especial atención a los territorios más críticos).
Entendemos que se necesitan respuestas concretas para sostener, cuidar y bregar por la calidad de nuestras democracias ante la crisis actual, para que la reacción y la recuperación del COVID-19 en América Latina y el Caribe sea abierta, transparente e inclusiva. Por eso, solicitamos a los gobiernos que tomen decisiones de manera transparente, abierta y eficaz para dar respuesta a la crisis, que respeten los derechos humanos, que no existan restricciones a la libertad de expresión, que comuniquen el fundamento de sus decisiones, y que estén dispuestos a recibir los aportes de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores sociales para abordar esta crisis globaI.
Iniciativa Regional Rendir Cuentas
Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos – ILDA
International Budget Partnership – IBP
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa
Coordinación de la Iniciativa Global para la Transparencia Presupuestaria – GIFT
Derecho Ambiente y Recursos Naturales – Representante de sociedad civil en EITI
Grupos del Acuerdo de Escazú
