Sociedad civil venezolana es ilegalizada en medio de la represión poselectoral
Durante una nueva ola represiva que busca silenciar los reclamos por la falta de transparencia en el proceso electoral del pasado 28 de julio, la asamblea nacional de Venezuela aprobó hoy 15 de agosto la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Esta regulación viola los principios de autonomía e independencia propios del derecho de asociación, y bajo el supuesto de que las iniciativas no gubernamentales y sin fines de lucro son “enemigas de la patria”, que usan “fondos ilícitos” para “financiar el terrorismo”.
Desde el 28 de julio, más de 2 mil personas fueron detenidas arbitrariamente, según el gobierno, y al menos 20 personas fueron asesinadas, la mayoría por uso de armas de fuego, en el contexto de protestas de calle. Se han extendido los bloqueos digitales a medios de comunicación, aplicaciones de mensajería instantánea e incluso se bloqueó la red social X en Venezuela. En este contexto represivo, se anunció la aprobación de un conjunto de leyes para «defender a la población del odio», entre ellas, la presente ley, de los cuales algunos artículos se aprobaron en mayo pasado.
La ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro aprobada en Venezuela concreta la criminalización de las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil en el país. Esta ley vacía de contenido el derecho de asociación, violenta los principios de autonomía e independencia, y subordina la existencia de toda organización e iniciativa no dependiente del Estado, nacional o internacional, a controles arbitrarios que responden a los intereses del gobierno de turno.
Esta ley afecta a millones de personas en situación crítica que se benefician de programas sociales, humanitarios y derechos humanos en medio de una crisis estructural de larga duración y hoy son víctimas de una nueva escalada represiva. Centenares de iniciativas sociales, comunitarias, asociaciones sin fines de lucro, movimientos, organismos internacionales y colectivos con mandatos de todo tipo, quedan ilegalizadas a partir de hoy y deben someterse a condiciones que vulneran su autonomía para intentar mantenerse. Poner en riesgo de extinción a la sociedad civil que trabaja en la contención de la crisis podría agravar aún más las condiciones de vida de la población, que ya derivó también en el desplazamiento fuera del país de más de 7 millones de personas.
Esta ley responde al supuesto de que las iniciativas no gubernamentales usan “fondos ilícitos” para “financiar el terrorismo”. En efecto, su articulado hace énfasis en la obligación de cumplir con normativas de prevención, control y fiscalización de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Además, el Estado de Venezuela calificó a las “Organizaciones Sin Fines de Lucro” como sujetos de “Alto Riesgo” en materia de “Financiamiento al Terrismo”, ante organismos internacionales.
Las organizaciones que hoy existen en el país quedan ilegalizadas al imponerse un nuevo registro, cuya creación estará a cargo del ministerio con competencia en justicia, es decir, a un nivel sublegal. Esto, a pesar de que previo a esta ley, las organizaciones ya estaban sometidas a regulaciones dentro del ordenamiento jurídico local, tales como el Código Civil, el Código Orgánico Tributario o la Ley de Registros y Notarías.
La ley trata a las organizaciones como entes públicos, sin considerar las diferencias de forma, fondo y obligaciones, que no son equivalentes a las de la administración estatal. Se obliga a las organizaciones a detallar sus fuentes de financiamiento o la “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”. Este tipo de información en manos de un Estado que no garantiza las libertades básicas, aumenta el riesgo de las organizaciones, sus miembros y personas beneficiarias, a mayores detenciones arbitrarias, cierres masivos de organizaciones y el cese de sus actividades, en represalia por acciones legítimas.
Como sucedió con iniciativas previas, como la “ley contra el odio”, y el reciente proyecto de “ley contra el fascismo”, esta ley también tergiversa principios legítimos, como la progresividad de los derechos humanos, la no discriminación o la transparencia, para crear mecanismos de persecución y criminalización del ejercicio genuino de los derechos de asociación y libertad de expresión.
Además, el poder ejecutivo tiene facultades discrecionales y arbitrarias para profundizar estas políticas al poder dictar las “normativas necesarias”, así como diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control, supervisión y seguimiento de estas políticas contempladas en la ley. Por lo que no existen mecanismos efectivos de contraloría o garantías de independencia de poderes al momento de su aplicación, lo que reitera el carácter sesgado de la ley al facilitar sus fines represivos.
La ley venezolana repite el encuadre observado en otros países de la región con normas similares. Lejos de ser excepcionales, las restricciones impuestas a la libertad de asociación son genéricas y por ello ampliamente discrecionales. Están sometidas a las interpretaciones personales de los funcionarios de turno que además no precisan los supuestos ilícitos; por lo que las sanciones y sus posibles efectos, como cierres, procesos penales, o multas, no son proporcionales ni necesarios.
La ley tiene un alto impacto negativo en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, aumenta la vulnerabilidad de las personas beneficiarias, fortalece la represión vigente y aleja las posibilidades de resolución a la sostenida crisis estructural que vive el país.
Al igual que lo hizo hace unos días la Oficina del Alto Comisionado, y los relatores especiales de la ONU ante el primer borrador que circuló de este proyecto de ley, exhortamos a las organizaciones, organismos internacionales y multilaterales a que expresen de forma alta y clara sus preocupaciones, a fin de rechazar prácticas que empeoran la situación de derechos humanos en el país, limitan el derecho de asociación, profundizan el cierre del espacio cívico y aumentan los desafíos en la región.
