Webinar: El derecho a la información durante la pandemia
El 14 de abril se realizó el primero de los cinco webinars de la serie Articulaciones: diálogos sobre COVID-19, derechos y desigualdades, convocado por Fundar-México, Artículo 19-México y Centroamérica, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con el fin de generar un espacio de diálogo sobre la situación en México y otros países de la región en materia de goce de derechos en el marco de la pandemia.
Este primer encuentro, titulado El derecho a la información durante la pandemia, contó con la participación de expertos internacionales en la materia: el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza; la Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de México, Blanca Lilia Ibarra; la directora Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas; la Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Justine Dupuy; y la Directora Ejecutiva de Fundar, Haydeé Pérez Garrido; con la moderación de Anaid García Tobón, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
En el primer bloque, el Relator Edison Lanza expuso los puntos principales consensuados por la CIDH: 1) La importancia crucial del acceso a la información pública y la transparencia para enfrentar esta situación; 2) La necesidad de que los gobiernos informen de manera veraz y oportuna; y 3) los derechos de libre expresión e información no deberían ser restringidos.
El Relator insistió en la priorización de algunas categorías fundamentales en este contexto: la información sobre la evolución de la pandemia, las medidas adoptadas por los gobiernos, los fondos destinados, y la afectación desproporcionada de determinados grupos o sectores de la población respecto a otros. Estos temas, señaló, deben ser objeto de información proactiva, veraz, en forma desagregada y en formatos abiertos y accesibles a los diferentes públicos; mientras que, para el caso de temas no prioritarios durante la pandemia, se deben establecer plazos razonables y mantener la posibilidad de apelar a estas resoluciones.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) coincidió en que existen derechos que pueden restringirse en contextos de emergencia pero el de información debe prevalecer: “La universalidad del derecho sigue siendo una aspiración, porque la gente no ha visto la importancia de este derecho sobre cualquier otro”.
Blanca Lilia Ibarra (INAI) coincidió en que la crisis será mejor atendida en la medida en que se cuente con información al respecto, y en que ésta no puede ser limitada bajo ningún esquema. La Comisionada por otro lado detalló las acciones llevadas a cabo por el INAI, explicando que se trata de una suspensión de los plazos de las solicitudes de AIP, pero no de actividades del organismo, con el fin de salvaguardar la salud de los empleados públicos sin menoscabar el derecho de acceso a la información. Explicó que se organizaron reuniones con la Secretaría de Salud para identificar los temas que más interesan a la población en base a las solicitudes presentadas; y anunció la publicación de un micrositio para la publicación de sus respuestas. También coordinarán con las autoridades para incorporar a este sitio un mapa interactivo que permita a la población conocer el estado de la pandemia en sus respectivas ciudades, municipios y estados. Entre los temas más frecuentes en las solicitudes de información, destacó: la cooperación internacional, el equipamiento médico e infraestructura, el presupuesto asignado a combatir la pandemia, las causas del desabasto de medicamentos, y el robo de estos últimos, entre otros.
En relación a la situación del INAI, Justine Dupuy (Fundar), manifestó su preocupación por la decisión de ampliar los plazos en este contexto: en el caso de México, señaló que en este momento las fuentes principales de información son las conferencias oficiales, que en ciertos casos han generado más dudas y preguntas en la ciudadanía y no existe información detallada y oportuna disponible en línea, por lo que resulta importante que el INAI de seguimiento a las solicitudes de información que se realizaron en las últimas semanas, sobre todo en materia de salud y que se impulse políticas de transparencia proactiva en los sectores prioritarios.
Haydeé Pérez Garrido (Fundar) también cuestionó el tema de los plazos suspendidos, y la falta de una explicación sustentada y fundamentada por parte del INAI al momento de tomar la decisión de la suspensión. En este sentido destacó la importancia de que se comunique mejor a la ciudadanía, como parte de una reflexión más amplia sobre lo que significa la transparencia proactiva. Invitó también a pensar cual debería ser el papel de los órganos garantes del derecho de acceso a la información no solo en México sino en la región.
Otro tema que surgió fue el de la desinformación y la circulación de fakenews. Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) destacó la importancia del no bloqueo a la labor periodística para garantizar información objetiva y precisa; y la responsabilidad de toda la población para contrarrestar las noticias falsas evitando su transmisión. También advirtió que las fuentes de desinformación que buscan generar pánico en la ciudadanía pueden generar un colapso de los sistemas de AIP.
En esta línea Edison Lanza también destacó la obligación de los funcionarios públicos de todo nivel a ofrecer información veraz; y la necesidad de acotar la disparidad entre los diferentes estados respecto a la información certera sobre cómo está avanzando el virus: en este sentido señaló la tarea urgente de generar estándares e indicadores precisos sobre la información mínima que la población debe tener: respecto a testeos; número de infectados, personas en cuidados intensivos y recuperados; la generación de bases de datos abiertas para generar las propias curvas y consideraciones científicas por parte de actores independientes al estado.
En este contexto, y de cara a la reunión plenaria del INAI prevista para el 15 de Abril, se anunció además el envío de una carta al organismo donde las OSCs firmantes manifiestan su preocupación en torno a la suspensión o aplazamiento de plazos, recursos de revisión y obligaciones de transparencia, así como recomendaciones y propuestas sobre el rol del INAI en este contexto:
